lunes, 11 de febrero de 2013

Civismo, actitudes incívicas y el ejemplo de la Administración Municipal



 Hoy estaba programada la tertulia política en Radio Aranda, la emisora de la cadena SER en la capital de La Ribera, precisamente en la calle Isilla, y en la que, cada tres semanas – y agradecidos -, participa un representante de Izquierda Unida. Nadie de los habituales, ninguno de los dos concejales, ni el “exconcejal titular” del puesto podía asistir, por lo que me encargaron – yo, encantado – la representación. Pero el repentino anuncio de la inesperada renuncia a su cargo de Benedicto XVI -Lo que hay que ver; dimiten todos, hasta el Papa, menos quienes más motivos tienen para hacerlo- ha protagonizado todo el interés informativo de la Cadena y ha ocasionado un cambio en la programación local y la suspensión de la tertulia. Esperaremos otras tres semanas.


El tema propuesto para el debate era el civismo y las actitudes incívicas, sobre todo a raíz de las últimas denuncias de pintadas y grafitis, deterioro – parece que intencionado – de bicicletas del Servicio Municipal de Préstamo y de mobiliario urbano, y cuestiones similares y, como lo tenía preparado…

Un operario de la empresa de aseo Urbano eliminando pintadas.


La costumbre en estos casos, es criminalizar a las personas jóvenes que utilizan los servicios que se deterioran, a quienes se sientan en los bancos públicos de forma poco ortodoxa, a quienes realizan grafitis; casi siempre las más débiles del sistema, sin tener en cuenta que cuando no se respetan las normas por las propias administraciones que las dictan, es muy difícil exigir su cumplimiento a la ciudadanía. 


No pretendo hacer un llamamiento a la insumisión y a la desobediencia civil - aunque no me falten deseos - pero cuando un ayuntamiento, como el de Aranda, no valora su propio patrimonio ni los servicios públicos y los cede a empresas privadas para que los exploten sin pensar en su origen y función, sino únicamente en su beneficio económico y la administración se desentiende y no ejerce el control que debería llevar a cabo, pierde legitimidad para exigir el respeto que ella no ejerce. Cuando el ayuntamiento no valla sus solares y los mantiene en estado de abandono, difícilmente puede exigir que se vallen los solares de propiedad privada; cuando gasta millones de dinero público en urbanizaciones que no cumplen las normas de accesibilidad, que utilizan materiales inadecuados para la zona, que no elimina los tendidos aéreos de cables, como obliga la propia normativa municipal, que privatiza esos espacios públicos rehabilitados para beneficio de sectores económicos minoritarios, cuando el mobiliario urbano no tiene el mantenimiento adecuado; cuando se tarda más de tres meses, todo un verano, en reparar el grifo de una fuente pública en un lugar de esparcimiento con gran presencia de menores, cuando un servicio que pagamos toda la población – la limpieza de pintadas y grafitis – no se ejecuta convenientemente, es muy difícil que la ciudanía se tome en serio sus obligaciones.


Las pintadas y grafitis están mal. Orinar en la vía pública está mal. Maltratar el mobiliario urbano está mal. Si. Pero también está mal que las áreas peatonales estén invadidas por vehículos – públicos y privados – que se construya sin licencia o más de lo que ampara la misma; que los responsables de terrazas ocupen más espacio del permitido y no mantengan limpio el entorno; que se permita a algunos establecimientos depositar la basura en los contenedores fuera de los horarios marcados y sin separar envases, cartón, vidrio y orgánica. Todo esto está mal; también son conductas incívicas pero no se persiguen como las primeras y se es más permisivo con ellas.


También son conductas incívicas el incumplimiento de las promesas electorales, la corrupción, los recortes, el fraude fiscal y la economía sumergida y, por cierto, a los famosos “sobres” de la cúpula popular, esta misma mañana se ha sumado la denuncia contra el vicepresidente de la CEOE de pagos en dinero negro a su personal, un empresario modelo, cuya actividad principal es la explotación de servicios en recintos e instituciones públicas. Pero claro, aunque las normas sean iguales para toda la ciudadanía, su cumplimiento parece que no se les exige a todos por igual.

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